Envejecer con dignidad: construir políticas públicas para una vida larga y saludable en México
- La longevidad es uno de los mayores logros de la salud pública. El desafío ahora es garantizar que esos años se vivan con autonomía, bienestar y justicia social.
En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de una transformación demográfica sin precedentes: vivimos más. Si en 1950 la esperanza de vida global rondaba los 46 años, hoy supera los 70. Esta conquista es fruto del avance científico, la vacunación, el saneamiento y la ampliación de los servicios de salud.
Pero este éxito trae consigo una pregunta urgente: ¿estamos preparados para envejecer mejor?
En México, el envejecimiento poblacional avanza a un ritmo acelerado y en condiciones marcadas por la desigualdad. Más allá de celebrar la longevidad, el verdadero reto es asegurar que esos años adicionales se vivan con calidad, autonomía y dignidad.
Más allá de la atención curativa
Hablar de envejecimiento saludable no es hablar únicamente de ausencia de enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, implica mantener la capacidad funcional que permite a las personas mayores seguir siendo y haciendo lo que valoran. Es decir, conservar la independencia, la participación social y el bienestar físico y mental.
Sin embargo, en México persiste una brecha entre el marco jurídico —que incluye leyes y normas orientadas a la protección de las personas adultas mayores— y la realidad operativa de los servicios. La respuesta institucional continúa siendo predominantemente reactiva: se atiende la enfermedad cuando ya está instalada, en lugar de invertir de manera sistemática en prevención y promoción de la salud desde etapas tempranas de la vida.
A ello se suma la fragmentación del sistema de salud y una inversión pública estancada, que termina trasladando la carga financiera y de cuidados a las familias.
La dimensión de género: una deuda pendiente
Un hallazgo central en los análisis sobre envejecimiento saludable en México es la persistente omisión de la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas.
Las mujeres viven más años que los hombres, pero con mayor carga de enfermedad y menor seguridad financiera. Esta paradoja está vinculada a trayectorias de vida marcadas por el trabajo de cuidados no remunerado, la informalidad laboral y brechas salariales acumuladas.
Envejecer siendo mujer en México no depende solo de decisiones individuales, sino de condiciones estructurales que limitan oportunidades. Incorporar un enfoque de género en las políticas de envejecimiento no es un gesto simbólico: es una condición para la justicia social.
De la evidencia a la acción participativa
Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Servicios de Salud de Morelos, impulsa el proyecto piloto:
“Envejecimiento saludable: construcción participativa de una política pública con enfoque de género en Morelos”.
La apuesta es clara: institucionalizar un modelo de política pública que surja del diálogo entre evidencia científica, coordinación interinstitucional y saberes comunitarios.
A través de talleres deliberativos con personas mayores y cuidadores, el proyecto busca articular acciones preventivas y diseñar medidas diferenciadas que reconozcan las barreras específicas de género. La meta no es producir un documento más, sino consolidar una herramienta viva que fortalezca la capacidad funcional, la autonomía y el bienestar de la población mayor.
Un compromiso de Estado
El envejecimiento es un fenómeno estructural, no una coyuntura. Por ello, la respuesta no puede ser parcial ni reactiva. Se requiere un compromiso de Estado que trascienda administraciones y coloque el envejecimiento saludable como prioridad estratégica.
El éxito no debe medirse únicamente por el aumento en la esperanza de vida, sino por la capacidad institucional para garantizar que esos años se vivan con dignidad, participación y equidad.
Construir un México donde envejecer sea sinónimo de bienestar implica articular ciencia, política pública y experiencia ciudadana. La evidencia existe. El desafío ahora es convertirla en acción.
Por: Dra. María Cecilia González Robledo; Dr. Jair Yañez Santaolalla; MSP. Felipe Edmundo López Castañeda; MCS. Jesús Giovanni Pérez Cortés.